La Comisión Helénica de Supervisión y Control del Juego (HGC) ha puesto en marcha un nuevo proceso de licitación para contratar expertos legales y técnicos que ayuden a reforzar los sistemas de identificación y verificación de clientes utilizados por los operadores de juego online autorizados en el país.
La iniciativa forma parte de la estrategia del regulador para modernizar la supervisión de un mercado en plena expansión y reforzar la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales, la suplantación de identidad y el acceso de menores a las plataformas de juego.
El proyecto se centrará en la revisión del marco regulatorio de las Cuentas Electrónicas de Jugador (CEP), los perfiles digitales que permiten a los usuarios acceder a los servicios de juego online autorizados. Los especialistas seleccionados deberán analizar y proponer mejoras en los procedimientos de verificación de identidad, con especial atención a las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) y a los mecanismos de prevención de actividades ilícitas.
El contrato, valorado en 28.500 euros más IVA, estará vigente hasta finales de 2026 o hasta completar 190 horas de asesoramiento. Durante ese periodo se elaborarán varios informes con recomendaciones para optimizar el sistema de verificación de jugadores.
La medida coincide con la tramitación de una amplia reforma legislativa que busca ampliar las competencias del regulador griego. Entre los cambios previstos figura el aumento de la plantilla permanente del organismo, que pasaría de 80 a 110 empleados, incorporando especialistas en ciberseguridad, análisis de inteligencia, vigilancia de mercado y cumplimiento normativo.
La propuesta también contempla nuevas herramientas para combatir el juego ilegal, incluyendo procedimientos más ágiles para bloquear páginas web no autorizadas, ampliar la lista negra de operadores sin licencia y reforzar la cooperación con las fuerzas de seguridad mediante un cuerpo de inspectores con mayores facultades de investigación.
Las autoridades griegas consideran prioritario reducir el peso del mercado negro del juego. Según estimaciones oficiales, la actividad ilegal mueve entre 1.600 y 2.000 millones de euros al año, generando una pérdida aproximada de 600 millones de euros en ingresos fiscales para el Estado.
La futura normativa endurecerá además las sanciones contra los operadores ilegales. Las propuestas incluyen penas de prisión superiores a diez años y multas que podrían alcanzar los 800.000 euros en los casos más graves, especialmente cuando existan vínculos con organizaciones criminales, delitos fiscales, blanqueo de capitales o participación de menores.
Con estas medidas, Grecia acelera su estrategia para fortalecer la integridad del mercado regulado y aumentar la protección de los consumidores en el entorno digital.
